A partir de este acuerdo, la DNM facilitará a la procuración mendocina el “acceso a la información disponible en sus registros informáticos tendiente a corroborar la situación migratoria de personas, restricciones para el ingreso y/o egreso del territorio nacional y movimientos migratorios”. Y lo hará según estrictas normas de confidencialidad y teniendo en cuenta que cada fiscal tendrá la posibilidad de realizar 40 consultas mensuales, para lo cual Migraciones capacitará a los funcionarios en cuanto al Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam) y al Sistema de Gestión de Restricciones (Siger).
Por su parte, la procuración mendocina informará a la DNM sobre órdenes de detención o prohibiciones de salida del país que lleguen a su conocimiento, “independientemente de la comunicación que realice el órgano jurisdiccional, indicando todos los datos filiatorios que permitan la correcta individualización de la persona respecto de la cual pesa una restricción”; a la vez que brindará la información requerida sobre irregularidades vinculadas a la radicación, ingreso o egreso de extranjeros.
Participaron también de la rubricación de este convenio -que tiene validez por un año y es renovable automáticamente-, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Mendoza, Mario Daniel Adaro; el presidente de la Suprema Corte de Justicia local, Alejandro Pérez Hualde, y los ministros de esa Corte, Carlos Bohm y Aida Kemelmajer de Carlucci.