Respecto a ellos, la jefa de los defensores oficiales estimó que se brindaría asesoramiento judicial “a una cantidad de personas todavía no determinada”. Y detalló además que “una gran cantidad de personas privadas de libertad son migrantes -entre el 38 y el 40%- una problemática específica que también tenemos que abordar”.
Martínez sostuvo que “durante mucho tiempo nuestro país tuvo una postura no digna frente a los migrantes, de olvidarse, de rechazarlos”. En esta línea valorizó el papel de Migraciones al destacar su “admiración por la actual gestión”, porque –explicó- “ustedes saben que todos los que forman parte de todos los estamentos de la gestión estatal pecan con esa cosa burocrática del oscurantismo (algo heredado de nuestra madre España) que es la imposibilidad de acceder a información, que cada cual tiene como una especie de un coto de caza, cerrado, que no colabora con el otro”.
Como contrapartida, agregó que “este convenio es una muestra de cómo pueden colaborar las instituciones, cómo pueden intercambiar información. Por eso la DNM ha dicho que es necesario garantizar para estas personas asesoramiento y patrocinio jurídico en ciertos trámites específicos de los más vulnerables, de modo que contribuirá con dos contratos de abogados, para que la tarea no se haga imposible; y nosotros vamos a ocuparnos de la dirección técnica que nos compete”.
Finalmente agradeció a Migraciones “por confiar en el MPD y por animarse a este emprendimiento que –entiendo- es un cambio de paradigma que enaltece al Estado argentino”.
Arias Duval, por su parte, destacó la importancia de que la Defensoría abriera sus puertas a esta colaboración mutua y expresó su gratitud a quienes conformaron la Comisión Asesora para la reglamentación de la Ley 25.871 de Migraciones que es la que impone este cambio de paradigma con un nuevo concepto sobre la inmigración.
En lo que al convenio se refiere, consideró que “es un desafío mutuo, muy fuerte” y que esperaba que el organismo estuviera “a la altura de las circunstancias y poder contar con lo necesario como para abastecer esta actual demanda que desconocemos qué magnitud tendrá”.
Asimismo, afirmó que “el compromiso de la DNM y del ministro del Interior es poner todos los recursos disponibles al servicio de esta iniciativa que consideramos fundamental, porque ninguno de quienes formamos parte del Estado, podemos tener la soberbia de pensar, que no nos equivocaremos o incurrir en esas circunstancias que los abogados denominamos el ‘desvío de poder’”.
“Es muy bueno contar con un estamento dentro de la organización que se ocupe de vigilar estas cuestiones y de asumir -en los casos que sea preciso- la defensa de los migrantes en actuaciones administrativas”, dijo el director Nacional, quien reconoció que si bien hay una transformación en marcha, aún hay resabios de las viejas conductas que suscitaba la anterior ley de migraciones de la época de Videla “en los niveles intermedios del organismo” en cuanto al “carácter expulsivo que tuvo la política migratoria argentina, prejuicios y preconceptos como que los migrantes llegan al país para quitarle el trabajo a los argentinos o que las migraciones contribuyen a que aumente el índice de criminalidad. Esto es falso y es un desafío desterrar estos mitos, porque tengo la certeza de que la gran mayoría de migrantes que llega es gente de trabajo, de buena voluntad y los hechos lo demuestran. Tanto es así que en los últimos años hemos recibido una masa de migrantes que supera las 800.000 personas y los índices de criminalidad se han mantenido estables”, concluyó Arias Duval.
Participaron de la ceremonia el defensor público oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Julián Langevin; distintos magistrados, autoridades de la DNM, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, representantes de organismos y ONGs, como Sergio Orse de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el padre Sante Cervellín por la Fundación Comisión Católica Argentina; Enrique Oteiza por la APDH y Juan Ignacio Mondelli por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros.