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Con más de una década de vigencia de la Ley de Migraciones N°25.871, que establece que “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”, el Estado aplica una política pública clara y coherente con la cuestión vinculada a la protección de los derechos humanos de los extranjeros. Por esto y atendiendo a la situación de emergencia humanitaria de la población siria, el Gobierno Nacional, por medio de la Dirección Nacional de Migraciones, implementa desde octubre de 2014 un programa de visado humanitario para aquellas personas afectadas por el conflicto en la República Árabe de Siria.

Paralelamente, en el ámbito de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) se ha implementado un procedimiento acelerado para quienes llegan a nuestro país y solicitan la condición de refugiados en casos como los de Siria que, por ser manifiesta y evidente la necesidad de protección, se resuelven en muy pocos días y se los documenta en forma gratuita, contando con los mismos derechos civiles, sociales y económicos que los argentinos.

Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR), a marzo de 2016 el conflicto en Siria ha desplazado de sus hogares a millones de personas que buscan protección. Son más de 4.800.000 los refugiados sirios que residen en los países vecinos. Esta cifra incluye a 2,1 millones de refugiados sirios registrados por el ACNUR en Egipto, Irak, Jordania y Líbano; a 1,9 millones de refugiados sirios registrados por el gobierno de Turquía, además de más de 28 mil refugiados registrados en el Norte de África. Asimismo, hay más de 6,6 millones de personas desplazadas internamente en Siria. Estas cifras podrían ser aún más elevadas, ya que no todos los sirios que han huido de su país se registran con ACNUR en el momento se su llegada.

El Programa Siria busca generar las condiciones para que quienes se acojan al mismo puedan obtener su visado de modo sencillo y con un procedimiento ágil, que tiene en cuenta las particulares circunstancias que se viven en la zona del conflicto, pero además, se pretende que el migrante al llegar a nuestro país pueda insertarse inmediatamente en la vida social como un ciudadano más, un vecino más; en un barrio y no en un albergue, y acompañado en todo momento en su proceso migratorio por una familia, o una persona que, eventualmente con el apoyo de alguna institución, lo ayuden a cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda, alimentación y manutención; en el proceso de aprendizaje de nuestro idioma, y por qué no en la búsqueda laboral o ingreso al sistema educativo.

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